Por Elsa Ramos

Ilustración: Osval

Claro, no es lo mismo escribir, reglamentar, que aterrizar cada una de las disposiciones. Y también interpretarlas. Juan José González Nazco, delegado provincial de la Agricultura en Sancti Spíritus, asegura con razón: “Todo lo nuevo lleva procedimientos y cosas que siempre cuestan un poco más de trabajo y en la agricultura las medidas no impactan de ahora para ahorita”. Ni de ahorita para después. Son demasiados los problemas acumulados en el sector por años, acentuados por la pandemia y el bloqueo norteamericano. Pero de que algunas van lentas es innegable, según se reconoce de reunión en reunión.

Unas tienen que ver con la comunicación y las poleas que se rompen entre el papel y los ejecutores. En una reciente visita a la provincia el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa apuntó: “Somos muy lentos, son muchas resoluciones y le corresponde a la infraestructura que tiene la Agricultura con el apoyo de la ANAP, el sindicato, llegarle al productor. La agricultura es de sol a sol y ellos no tienen tiempo para ver la Mesa Redonda ni el Noticiero… Tenemos que ir a ellos, explicarles las medidas”.

Encuentros se han hecho miles, pero… Eduardo Jiménez Calzada, jefe del departamento agrícola de la Delegación Provincial, sostiene que “de lo que se les dice a los presidentes de las cooperativas, transmiten el 30 por ciento”. Para Pedro Andrés Águila Tejera, presidente de la ANAP en el territorio,  “existe desconocimiento de directivos de cooperativas y de productores y ha faltado capacitación; mas, otras cosas han frenado: no todos los organismos han comprendido las medidas o no han sido ágiles”.

En un asunto en el que lo jurídico es clave resulta contradictorio lo que dice la Empresa de Servicios Legales, una de las encargadas de ese tipo de asesoría. De acuerdo con Misleydi Marín Abstengo, su directora, de un año a otro han decrecido los contratos de manera abismal. De los 61 existentes en la Agricultura, en el 2020 ninguna renegoció y, tras la Tarea Ordenamiento, 17 suspendieron el convenio. Y, mire, que no son pocas las que existen: 263 bases (63 UBPC, 44 CPA y 156 CCS) y unos 25 000 anapistas.

Ese “desencuentro” tiene raíces. Al decir del presidente de la ANAP: “Hay parte y parte. Muchas bases dejaron el servicio porque necesitaban —por lo que estaban pagando— que esos especialistas fueran a sus asambleas, pues los veían de Pascuas a San Juan cuando tenían un problema y el mismo que atendía la cooperativa atendía la empresa, era juez y parte. Además, con la tarifa de la Tarea Ordenamiento a algunas les resultaba muy caro, aunque esto luego mejoró”.

Mejoró, pero —según la directora de Servicios Legales— ni la reconsideración del precio ha hecho posible la conciliación. Y el delegado de la Agricultura añade: “No hay abogado para tanta gente”. A fin de mitigarlo, se realizará un curso de habilitación para jóvenes menores de 35 años que atenderán las cooperativas y ya cuatro de ellas en La Sierpe disponen de un abogado profesional.

Pero otros ingredientes le faltan a este ajiaco. Para producir hacen falta insumos y estos “son muy, muy limitados. Solo se protegen cosas puntuales como el tabaco, tomate para la industria y un poco de la cebolla de Banao”, asegura Jiménez Calzada. El resto sigue a expensas de conseguirlo donde lo encuentre y a cómo lo encuentre, hasta por la izquierda, digo yo.

Una de las vías para obtener, al menos, parte de los insumos es la venta a través de la llamada cuenta de liquidez. Mas, esa gaveta… Según Jiménez Calzada: “El productor de Banao que exportó ají chile habanero demoró más de un mes en cobrarlo, es un mecanismo nuevo y no está bien engranado”. De acuerdo con el delegado de la Agricultura: “El cobro en divisas hay que pasarlo por dos tarjetas diferentes y aún no está informatizado, es a mano y demora”. Otra de las maneras para que el productor disponga de la divisa son las ventas directas en tiendas, tanto en MLC como las del resto de las cadenas, pero eso no ha prendido; en parte, por exigencias propias como la presentación de los productos, las licencias, los precios.

En el campo estos entuertos se enraízan. “Lo de las tarjetas está atrasado —sentencia Águila Tejera—; en el llamado producto 28 relativo a cuestiones colectivas de CPA y CCS es menor, pero en el 26, para productores individuales, ha tenido dificultades. El banco me dijo: ‘Si me entregan la relación de productores y su Carné de Identidad, vamos a hacerlas y les entra la divisa, la entrega sí es personal: o vienen acá o la cooperativa facilita el traslado y las entregamos allá’”.

Y, según esta propia fuente, hay más: “Pasa parecido a los créditos que son de antes de las medidas y se han atrasado. Cuando los productores van a GELMA a comprar dicen: ‘El muerto alante y la gritería atrás’. Los tabacaleros tienen una cantidad de insumos que comprar y necesitan la divisa; incluso, eso se ha flexibilizado, pero algunos preguntan: ¿Por qué no me puedo comprar un pomo de aceite o un tubo de pasta con eso? Lo del agua y la electricidad no está resuelto totalmente, pero ha avanzado más”.

Una de las medidas que intentan prenderse mejor en la tierra es la creación de la banca de fomento agrícola. De acuerdo con Erick García Jiménez, subdirector comercial de Bandec, “del fondo de los primeros 149 millones de pesos aprobados solo para el cultivo del arroz, ya se ha usado el 98 por ciento (147 millones) en 36 productores y ya recibimos una autorización para abrir hacia otras producciones como ganado y cultivos varios. Es la provincia que va delante en esta medida”.

Hace falta que esta medida se traduzca en el arroz que tanto demandan los platos cubanos o en los renglones que no abundan en los mercados o existen bien caros, como los ejemplos descritos, sin dejar de mencionar la comercialización, que sigue siendo el talón de Aquiles de la Agricultura, pese a la flexibilización aprobada en resoluciones. Algo que pudiera aliviar todavía no se cosecha. “El vendedor minorista de productos agropecuarios —expone González Nazco—; o sea, el que quiera sacar una patente para vender en un quiosco, aún no está aprobado aquí”.

Ese es solo un punto. La urgencia es producir mucha más comida. Ni siquiera la más renovadora de las medidas, la venta liberada de leche y carne de ganado menor y mayor, ha logrado prender, más allá del problema esencial: el deterioro acentuado de la rama. Tan así es que, a partir del primero de noviembre, se anunció otro incremento en el precio de compra a los productores a razón de 20 pesos por litro, que dobla el actual y se acerca la cotización libérrima de 25 y 30 pesos.

En esto el presidente de la ANAP habla de frenos: “El sacrificio se atrasó primero por modelos, pero la ley dice que quien sacrifique el animal es quien pone el precio y lo puede dejar para él, repartirlo a su familia y otros lo han donado, pero lo hemos llevado a que tiene que ser vendido en Comercio y ellos dicen: ¿Por qué se lo tengo que vender a este (que además eleva el precio) y no directo en la casilla que el Gobierno diga? La Sierpe es buen ejemplo”.

O sea que, además de disponerlas, a las medidas hay que cultivarlas mejor. Exigen, además de recursos concretos, el abono de nuevas mentalidades, tal como lo ve el Vicepresidente cubano: “Necesitamos que el sistema empresarial se mueva, cambie la gestión, el actuar”. De acuerdo con la ANAP, sus plenos municipales intentan retomar la capacitación, pues a causa de la covid las asambleas generales en las cooperativas prácticamente no se reunían, sino que se hacían por grupos de asociados.

Por eso, no basta la intención del país de destrabar fuerzas productivas y estimular a quienes deben garantizar desde la minoría la comida de millones de personas y producir a lo interno lo que a Cuba le cuesta muchos dólares, que la mayoría de las veces no tiene. Del dicho al hecho no puede ir tanto trecho para que el autoabastecimiento pase definitivamente de los números y los per cápitas a la mesa y las medidas no sean letra muerta.