Una treintena de planteamientos, en su mayoría proponiendo modificar o añadir nuevos elementos al Proyecto de Constitución de la República, realizaron directivos y trabajadores del Grupo Empresarial Agrícola (Gag), del Ministerio de la Agricultura, en reunión desarrollada en el teatro de la Escuela Internacional de Medicina Salvador Allende, de Boyeros, en la capital.

La primera intervención, realizada por Julio Gómez Moldón, vicepresidente del grupo, fue para sugerir que se incluyera entre los fundamentos económicos, el reconocimiento a la creación de la pequeña y mediana empresas, que han proliferado en el país, forman parte del sustento económico de la nación y emplean fuerza de trabajo, muchas veces calificada.

Un especialista de Capital Humano del Gag, sugirió reconocer los años de antigüedad a los técnicos y especialistas de todos los sectores y no reducirlos a unos pocos, pues cada uno ha dedicado lo mejor de su vida para impulsar el desarrollo social o económico del país.

El tema del trabajo provocó criterios discrepantes, pues Reinaldo Cuba, director de Capital Humano considera que la Constitución debe sostener que el trabajo sea una obligación, mientras Teobaldo Iglesias se refirió a leyes relacionadas con el mismo que ya tuvieron que ser derogadas en un momento, por lo que consideró que debe plasmarse en la Ley de leyes, que el trabajo sea un deber de cada ciudadano, y sugiere que la Unión de Jóvenes Comunista sea la organización pertinente para persuadir a las nuevas generaciones sobre este concepto.

Diversas intervenciones hizo Antonio Hurtado, entre ellas la referida al artículo 43, donde según su consideración se debe añadir que el Estado garantice empleo a todos los ciudadanos aptos, como una forma de la persona a dignificarse; sugirió incluir en el artículo 48, referido a que toda persona como garantía de seguridad jurídica disfruta de un debido proceso, que cada ciudadano reciba asistencia jurídica a partir del momento en que sea detenida y no esperar a los procesos como se hace actualmente.

Eduardo Masó, en que en el artículo 64 que plantea: “las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas en plazo adecuado”, sugirió especificar “en el plazo establecido por la ley para cada proceso”, ya que plazo adecuado es un término muy amplio y no concreta fechas.

Varios trabajadores opinaron sobre el capítulo relacionado con los derechos sociales, económicos y culturales. Víctor planteó que aunque Cuba no es una sociedad homofóbica, no se debe aprobar romper el régimen del matrimonio, por lo que, tal como hizo Sonia Fonseca, sugirió mantenerlo como está expresado en la Constitución vigente: “entre un hombre y una mujer”, pues de lo contrario proliferarían tendencia como la adopción de niños y otras que van en detrimento de la cultura de los cubanos. Por todo lo anterior solicitó suprimir el artículo 68.

En ese mismo aspecto, Indira Maresma Hinojosa, especialista de archivos, consideró que “nuestra sociedad no está preparada para asimilar el matrimonio entre personas del mismo sexo”, aunque sí considera lícito que para los temas de la herencia se tome en cuenta la convivencia.

Otro de los temas abordados fue el de la vivienda. Algunos plantearon suprimir el término de vivienda “digna” pues no cualifica con exactitud un término, sobre todo en nuestro país que tiene situaciones muy complicadas con estos inmuebles. También se habló de precisar que a los ancianos hay que cuidarlos responsablemente, no atenderlos como plantea el proyecto.

César Hernández Lago, precisó que se incluya que algunos servicios de la salud y la educación no deben seguir siendo gratuitos como son los casos de las cirugías estéticas y los cursos de postgrado. Además, propusieron la creación de una ley de protección a los animales.

Un especialista sugirió eliminar la palabra gobernador entre los cargos del Poder Popular, y otro precisó que todos los funcionarios que representen al pueblo tienen que ser elegidos por el pueblo y no designados por organismos superiores como se plantea.

También están en desacuerdo con el límite de tiempo para ejercer la presidencia del país, pues debe prolongarse mientras la personas mantenga las condiciones por las cuales fue elegida.

Sobre el tema de las elecciones a representantes del Poder Popular hizo sus reflexiones Yenisbell Sánchez, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y directora del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Inifat).