Cuentas claras

En tiempos de control de los recursos energéticos, ver llegar el auto con el logo verde y naranja que identifica a la ONURE es una bendición para algunas entidades estatales, pero un mal augurio para otras.

Para las derrochadoras, ineficientes o con descuidos imperdonables sobre su combustible, esas visitas bien pueden significar un llamado de alerta o el inicio de un proceso más amplio de fiscalización.

Así sucede para las nueve entidades de Villa Clara catalogadas como deficientes en el actual año, una cifra alta si se tiene en cuenta que, hasta agosto último, 20 empresas y unidades presupuestadas recibieron algún tipo de visita. Otras cuatro fueron objeto de procesos investigativos por el Ministerio del Interior y no recibieron evaluación.

Las 190 acciones de control efectuadas en los primeros ocho meses de este 2019 –166 de ellas a entidades con altos consumos– ofrecen un panorama que revela una pérdida económica de 26 mil 596.48 pesos. Las pérdidas del 2018 se ubicaron en más de 17 mil CUC y 6 mil pesos en moneda nacional.

Asimismo, hasta agosto del actual año, siete entidades no lograron justificar su gasto de combustible durante un mes, un indicador capaz de sembrar dudas sobre si el desfalco podría tener allí las puertas abiertas.

Junto a ese dato, apenas basta un rápido bosquejo al último informe para comprobar cómo esos controles demuestran la permanencia en el tiempo de carencias todavía más preocupantes. De los problemas detectados en las once instituciones evaluadas como deficientes en 2018, solo uno no se repite en el actual año.

    Diferencias entre los datos reportados en el balance mensual y la información primaria.

    Los sistemas de Gestión y Control de Flota en las entidades no cumplen con todo lo establecido en los procedimientos aprobados.

    Las tarjetas de combustible no están personalizadas por vehículo.

    Deficiencias a la hora de normar el índice de consumo para cada equipo.

    Medios de transporte o tecnológicos consumen combustible sin respaldo de actividades ejecutadas.

    Equipos con sobreconsumo de combustible superior al 5 por ciento.

    Falta de análisis profundos sobre las desviaciones en los índices de consumo.

    Escasos estudios de los indicadores de eficiencia energética.

    Inestabilidad, fluctuación y falta de preparación técnica del personal encargado de realizar la planificación, el control, el análisis y la verificación de los datos generados en la utilización del combustible.

Según el director de la ONURE en Villa Clara, resolver esa situación no implica crear procedimientos nuevos, sino aplicar correctamente el Manual de inspección a los portadores energéticos, un documento recogido en la Resolución 152 del 2018 del Ministerio de Energía y Minas. Sencillamente, cumplir con lo establecido.

Derrame

La desaparición de 15 mil 549 litros de combustible no es cosa fácil. Sin embargo, así ocurrió en la Unidad Empresarial de Base Transporte Caibarién, una de las entidades de ese municipio que más diésel recibe para mantener sus operaciones. La pérdida se detectó durante una actividad de control a una de las reservas habilitadas en la entidad, pero poco pudo hacerse ante los tanques vacíos.

Luego de la alarma y la posterior investigación, el resultado fue más increíble de lo esperado. Aparentemente, nadie se apropió del combustible, porque el deterioro de los medios de conservación actuó primero y el diésel se derramó sin que nadie lo notara.

La demora en una inversión necesaria desde el año anterior y la falta de chequeo a un depósito que de antemano se sabía defectuoso, dieron al traste con la pérdida. Según cálculos conservadores, el diésel perdido podía garantizar más de 680 viajes entre Caibarién y Santa Clara, o más de 130 entre la capital provincial y La Habana.

Como parte de la Causa 29 del 2019, el Tribunal Municipal Popular de Caibarién determinó la implicación del director provincial de Transporte, el jefe de la UEB y el responsable de Seguridad y Protección, quien además de la privación de libertad, recibió una multa de 300 cuotas de un peso cada una.

Durante el juicio, junto al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, la Fiscalía también acusó de falsificación de documentos al jefe de Seguridad y Protección.

Este último no solo violó una de las funciones inherentes a su cargo, sino que, al conocer sobre la pérdida, creó un reporte ficticio para simular que había comunicado el estado de deterioro de los depósitos al Instituto Nacional de Reservas Estatales.