Justicia, inteligencia y mano dura

Según Elina Ávalos Manresa, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, la actuación de ese organismo jurídico ante procesos relacionados con sustracción y descontrol del combustible se basa en la rigurosidad, tanto en la investigación como en la solicitud de condenas.

Para ello, la Resolución 15 del 2019, dictada por el Fiscal General de la República, juega un rol fundamental como guía para cada acción jurídica.

Junto al acompañamiento hasta que el proceso llega a los tribunales, el documento establece la imposición de la medida cautelar de privación provisional de libertad para los acusados vinculados a estos hechos. Asimismo, en caso de encontrar responsabilidad, reafirma el decomiso de casas que sirven de almacén o de vehículos utilizados para transportar el combustible robado.

“Aunque a la hora de solicitar sanciones se tienen en cuenta elementos como la edad de los acusados, su conducta previa o las condiciones del delito, sí se mantiene la política de rigurosidad para juzgar casos relacionados con el combustible. Es un delito de alta peligrosidad, porque afecta directamente a varias áreas de la economía cubana”, explica.

Una actitud similar la sostienen los juzgados de la provincia. De acuerdo a Arianny Casas Pérez, presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, el presidente del Tribunal Supremo Popular también ha dado indicaciones encaminadas a uniformar la tramitación de los procesos asociados a la pérdida de combustible.

La joven abogada aclara que todo parte de un concepto fundamental: la defensa de las garantías legales para impartir justicia. Según dice, estos procesos no se salen de lo establecido en la ley y mantienen sus características de transparencia y apego a los derechos para todos los acusados.

“Aquí la máxima severidad viene junto al análisis caso a caso de los modus operandi¸ las personas implicadas, el tipo de delito, la cantidad de combustible o las entidades afectadas. Cada proceso es diferente en cuanto a complejidad y alcance, y esos son elementos que también valoramos a la hora de emitir una condena”, asegura.

Esa idea la confirma Elena Margarita Cabrera Figueroa, presidenta del Tribunal Provincial Popular en Villa Clara. De acuerdo a unos datos que actualiza cada mes, hasta el momento el 92 % de los sancionados en el territorio por delitos vinculados al combustible recibieron penas tanto de privación de libertad como de trabajo correccional con internamiento.

En una mirada rápida, esos números evidencian el interés de los organismos por enfrentar el robo. De hecho, Villa Clara es la segunda provincia con más medios de transporte decomisados en Cuba por casos relacionados al desvío de combustible. Asimismo, junto a Santiago de Cuba, es el territorio que más viviendas confisca por esos delitos.

Sin embargo, un análisis más profundo revela una estadística preocupante: los tres casos asociados al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas reportan el 86 por ciento del combustible “perdido” en Villa Clara.

Solamente por esa causa, los juzgados del territorio cuantifican el extravío de más de 20 mil 700 litros de diésel. La cifra es más alarmante cuando uno comprueba que por otros delitos la cantidad apenas sobrepasa los tres mil 250 litros este año.

Mientras tanto, los datos del Tribunal Provincial Popular contienen otra clave esencial para entender por qué es tan difícil cortar de raíz el robo de combustible: de todos los casos juzgados en Villa Clara, el 50 % están asociados al delito de receptación, el último y más fácil eslabón de detectar. Es encarar un problema sin atacar la base. Las estadísticas relacionadas con la fuente del delito tendrían que crecer para que el enfrentamiento sea más efectivo.

“La policía encuentra a alguien con combustible sin justificar y esa persona dice no conocer al vendedor. Si lo cuenta es igualmente difícil demostrar la infracción, porque cuando aparece –casi siempre un chofer estatal– tiene en orden el chip, el consumo y las descargas de la tarjeta. No obstante, no llegar hasta el primer ladrón no implica dejar de juzgar a los otros”, explica Arianny Casas.

Para ella, este tipo de delitos se ubica entre los más sensibles, y aunque la mayoría no reporta grandes pérdidas económicas, el combustible sí sale de servicios que forman parte del día a día del cubano. Alerta además que su peligrosidad radica en que la sociedad ya los ve como algo natural.

“Muchas veces llega a los tribunales una causa por la receptación de volúmenes inferiores a las pérdidas reportadas en grandes empresas. Quizás sean 15 litros y cualquiera lo vería como una cuestión menor, pero por esa cantidad una ambulancia puede dejar de funcionar y causarle la muerte a un enfermo; o un barrio no recibir la fumigación e infectarse de dengue. Entonces no solo es importante ver el delito en sí, sino también sus consecuencias”, comenta.

En ese sentido, un elemento resalta a cada paso: la necesidad del control y la prevención para evitar el robo. Para ello, por ejemplo, las verificaciones fiscales a las empresas deben jugar su papel, tanto como las auditorías o los consejos de dirección. Si eso no ocurre, solo queda juzgar una y otra vez a quienes cometan el delito.

Desidia

A solo horas de que el huracán Irma comenzara a azotar al municipio de Sagua la Grande, el Consejo de Defensa Municipal entregó al hospital del territorio mil 200 litros de diésel para garantizar la vitalidad cuando arreciaran los vientos. Desde ese momento, ese sería el punto de la discordia para todos los implicados en el cuidado del combustible… o más bien, en su descontrol.

Luego de recibir el petróleo sin documentos y solo con el chip emitido por CUPET como constancia, el director, la energética y el subdirector administrativo del hospital lo depositaron en una pipa “novia”, pero enseguida comprobaron que no lo necesitaban. Entonces, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) decidió moverlo hasta una de las estaciones de bombeo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Apenas pasaron dos horas y un chofer de tractor llegó al centro de salud para trasladar el combustible. En el nuevo destino el administrador recibió el combustible, pero tampoco verificó la cantidad que el Estado ponía bajo su custodia. Así lo dejó durante tres meses. Sin cuidados, sin control, hasta que desapareció en su totalidad.

En las investigaciones se comprobó que el chofer del tractor robó 60 litros durante el traslado, pero fue imposible determinar el paradero para los otros mil 140 litros. El hurto de carácter continuado y el incumplimiento del deber de preservar bienes y entidades económicas otra vez fueron los delitos por los que todos fueron juzgados como parte de la Causa 16 del 2019.

Junto a la del administrador de la estación, la Fiscalía Municipal también encontró responsabilidad en la jefa del Subgrupo de Energía del CAM y en la directora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sobre todo por no chequear un bien del que conocían su existencia y su importancia.