¿Nuevas alternativas para la misma realidad?

Para Abelardo Martínez Rodas, un auditor con más de 40 años de experiencia, una lucha realmente efectiva contra el robo de combustible implica, en primer lugar, entender qué bases sustentan el fenómeno. Según dice, ese detalle resulta imprescindible para no verlo como un suceso aislado, ni convertir su enfrentamiento en una situación temporal.

     “Ciertamente, los ingresos promedio de un trabajador estatal pocas veces alcanzan para satisfacer todas sus necesidades, pero esa no puede convertirse en la razón para defender cualquier tipo de robo.

     “Junto a ello, la corrupción y la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo el cuidado de los recursos estatales debería tener consecuencias más severas. La responsabilidad material no puede estar divorciada de la penal. De otro modo sería arar en el mar”, apunta.

 En tal sentido, Juan Carlos Marante, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, se queja del escaso impacto de los informes que todos los meses él entrega a los organismos encargados de analizar el desvío de combustible.

Según cuenta, ese documento recoge las operaciones de las tarjetas repetitivas o con altas descargas en cada uno de los 59 servicentros de la provincia, pero en la mayoría de los casos nadie las examina o tienen poco seguimiento.

“No podemos negarle a un vehículo estatal el combustible. Ellos pueden extraer hasta tres veces en un día, pero ¿para qué un auto que circula dentro de la ciudad necesita tanto en una jornada? Nosotros plasmamos esas operaciones en el informe, pero es responsabilidad de cada entidad controlar qué sucede con sus tarjetas prepagadas, su combustible y sus vehículos”, comenta.

Por su parte, el auditor Abelardo Martínez encuentra otra área desaprovechada en el control del combustible. Para él, una buena manera de aumentar la exigencia sería incorporar a las pesquisas de los inspectores de tránsito la justificación del combustible empleado en cada viaje.

    “Si junto a la revisión de la licencia operativa, el chequeo del estado técnico o la cantidad de pasajeros, los inspectores incluyeran con rigor la verificación de los comprobantes de compra del diésel a nombre del chofer, ese pequeño detalle sería un paso contundente para cerrarle otra brecha al robo”, asegura.

Estudiar nuevos precios del combustible en el país o un fortalecimiento en la relación contractual con los porteadores privados, para permitirles adquirir el diésel a costos diferenciados y bajo condiciones favorables para ambas partes, pueden ser otros interesantes senderos por explorar. Aun así, todo debe llegar junto al destierro de la cultura del facilismo y la ilegalidad como modo de vida.

A su vez, otra buena opción podría estar en la creación de políticas de incentivo fiscal para aquellas entidades eficientes en el uso y control del combustible al final del año.

Que quien economice no vea la reducción de sus asignaciones en el plan del año siguiente, sino un ingreso por concepto de eficiencia para incrementar la inversión en innovación y desarrollo, por ejemplo. Aunque esos son elementos analizados en otras ocasiones, este sería un buen contexto para aplicarlos con mayor fuerza.

De igual manera, para el director de la ONURE en Villa Clara resulta fundamental la constancia en el control y el sentido de pertenencia tanto de jefes como de trabajadores. "Es la única manera de superar las dificultades y borrar de una vez el problema", sintetiza.

    “La clave para detener el robo de combustible no radica únicamente en las inspecciones a las entidades, sino en el rol que cada centro laboral sea capaz de asumir ante un contexto donde saben de la prevalencia del delito. El control de los recursos energéticos debe convertirse en una rutina de trabajo, no en algo que sucede porque un ente externo lo exija”, agrega.

Junto a ello, la batalla por solucionar un problema que cada año le cuesta al país miles de dólares pasa también por clausurar otros resquicios “menos ilegales”, pero tan dañinos como el robo más grotesco.

Así, en la más reciente visita a Villa Clara del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, apareció un dato alarmante: en el último semestre la provincia reportó 15 mil litros de combustible por concepto de sobreconsumo ineficiente. Se trata de los camiones de carga que circulan vacíos y gastan el diésel asignado sin un respaldo en el traslado de mercancías.

 Aunque no es un elemento tipificado como robo, pocos pueden evitar cuestionarse si el control sobre el combustible no debería extenderse con igual fuerza también a esos mecanismos ineficientes.

 Mientras tanto, otros también se preguntan quién fiscaliza el uso de los autos y el diésel estatal para que no funcionen como un bien particular en manos de choferes y directivos. Son pequeños gastos camuflados detrás de las pérdidas más alarmantes, pero que en definitiva también podrían incrementar las estadísticas por robos o desvíos.

Geominera del Centro: Control para precaver, no para juzgar

 En medio del actual panorama, cualquier medida encaminada a resguardar los recursos se torna vital. Bien lo sabe el ingeniero Argelio Jesús Abad Vigoa, director general de la Empresa Geominera del Centro, un lugar que en los últimos dos años tiene ahorros superiores a los 80 mil litros de combustible.

 Con nueve UEB distribuidas en todo el centro del país, un gasto mensual de 160 mil litros de diésel, 86 equipos altos consumidores y áreas de trabajo muchas veces ubicadas en zonas de difícil acceso, esta era una entidad con “condiciones” para el desfalco. Pero en febrero de 2017 el Consejo de Dirección tomó un grupo de medidas encaminadas a cerrarle las puertas al descontrol.

    “Lo primero fue reconocer que una parte del combustible robado en Villa Clara también provenía de esta empresa. Entonces, buscamos dónde estaba el 80 por ciento de nuestro consumo y cuáles eran las áreas más vulnerables. Con esos datos celebramos un Consejo Energético Extraordinario y revisamos todas las deficiencias y vulnerabilidades”, cuenta Abad Vigoa.

De ese encuentro salieron varias decisiones interesantes. Por ejemplo, se le retiró la custodia de las tarjetas prepagadas de combustible a los choferes de los equipos que no recorrían grandes distancias. Por otra parte, crecieron las medidas de protección en todos los depósitos y se actualizó la prueba de consumo al 100 por ciento de los vehículos de la empresa.

 Asimismo, para las llamadas “pipas excepcionales” —encargadas de llevar el combustible a los equipos pesados—, se determinó la rotación de sus operarios cada año.

 Del mismo modo, el proceso de llenado solo ocurre durante el horario diurno y la responsabilidad recae en el director o los jefes de Operaciones y Canteras Internas de cada unidad. El chofer del carro cisterna no tiene acceso ni a la tarjeta, ni al combustible.

 De acuerdo con el director general de la Geominera del Centro, a la par de esas acciones, también ocurrió la firma de un compromiso ético de todos los cuadros vinculados al combustible. A su vez, mejoraron las condiciones de trabajo y potenciaron el contacto con las familias para que comprendieran la importancia del control.

 Aunque luego de implementar las medidas la empresa afrontó la salida de diez trabajadores por voluntad propia y otros cuatro por sanciones disciplinarias, los resultados hablan por sí solos. En 2017 el ahorro fue de 50 mil litros, mientras que un año después la cifra quedó en 30 mil. En este 2019 los cálculos prevén una reducción de 6 mil litros.

     “En la UEB Servicios Mineros al Cemento, nuestra unidad que más gasta, logramos disminuir el índice de consumo de 0.79 a 0.70 litros de diésel por tonelada de masa minera. Es un ahorro real, porque ya este año elaboramos el plan de producción basados en el nuevo valor y le dejamos de pedir al país 144 mil litros de combustible”, apunta el directivo.

 Con la experiencia de quien lleva varios años al frente de una de las empresas más importantes del territorio, Argelio Abad sabe que esas acciones no surten efecto si no van acompañadas de una constancia y una evaluación sistemática de sus impactos.

 Así, el ejemplo de la Empresa Geominera del Centro arroja una de las claves fundamentales para entender en toda su dimensión la lucha contra el robo de combustible: se trata de ejercer un verdadero control para eliminar las brechas por donde llega el delito, no para buscar culpables cuando solo queda lamentarse por los litros y la batalla está perdida. (Oscar Figueredo Reinaldo, Dianet Doimeadios Guerrero, Yunier Javier Sifonte Díaz, Edilberto Carmona Tamayo, Lisandra Romeo Matos y Abel Padrón Padilla)

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