Decir que cada hora el delito le arranca a Cuba 626 litros de combustible es una verdad dolorosa. En Villa Clara, la tercera provincia del país con más procesos penales por esta causa, las pérdidas reportadas en los juicios concluidos este año ascienden a más de 25 mil litros. Una cifra muy superior sigue filtrándose fuera de los juzgados.   

Ya sea en los análisis de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), la Fiscalía, CIMEX o los tribunales, varias preguntas parecen no cambiar con el tiempo: ¿por qué roba el chofer estatal? ¿Qué justificación tienen el pipero y el pistero para adulterar los registros en un servicentro? ¿Por qué algunos directivos prefieren mirar a otro lado cuando detectan irregularidades en el uso del combustible?

Las respuestas a esas interrogantes no deberían quedar en la superficie. Justificarlo todo a partir de los bajos salarios o de una cultura basada en el aprovechamiento de los recursos estatales en pos del beneficio personal, significa detenerse en la periferia de un tema que en lo profundo tiene mucho de ética y de responsabilidad social.

Educación y control son dos cuestiones primordiales aquí, pero difíciles de conjugar cuando el bolsillo aprieta y la exigencia es poca. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? ¿Por dónde comenzar a dinamizar la lucha contra el robo de combustible y convertirla en una realidad más palpable? Las respuestas tienen tantos caminos como escollos.

En las sombras

Desde hace cinco años, Alberto maneja un camión de pasajeros en la ruta Santa Clara-Placetas. Sin embargo, en todo ese tiempo pocas veces se le ha visto detenerse en los CUPET del territorio para rellenar el tanque de combustible. Miembro consciente de una amplia cadena delictiva que tiene como rostro más visible a pisteros y choferes estatales, él prefiere mantener su nombre en el anonimato para no mezclarlo en un desfalco conocido por todos.

Según cuenta otro chofer, que prefiere llamarse Octavio, en el mercado negro un litro de diésel puede oscilar entre 8 y 10 pesos, menos de la mitad del precio por el cual se adquiere en los servicentros.

“Siempre trato de comprar petróleo ‘por la izquierda’, porque es un ahorro considerable. Aunque existen varios puntos para adquirirlo, el gran problema es encontrar un lugar fijo capaz de garantizarlo todo, pero pocas veces aparece”, explica con la más natural de las actitudes.

A diferencia de él, la realidad de tener un vendedor estable sí la conoce Alejandro, otro chofer privado que también prefirió eludir su nombre para contarle a Cubadebate una de las partes más turbias del proceso. Según dice, desde hace más de un año encontró uno de esos “empresarios particulares” dispuestos a facilitarle de un golpe todo el diésel necesario para mover su Chevrolet.

“Quien me vende funciona como intermediario. Él acumula el combustible y tiene el contacto con los compradores. Dos o tres veces por semana paso por un lugar, previamente acordado, y recojo lo mío. Las únicas condiciones son pagar al contado, discreción y llevarse cantidades suficientes para tres o cuatro días. Así se evita repetir demasiado los viajes al mismo sitio”, asegura.

Alejandro ahora se alegra de tener este punto. Antes debía buscar el combustible con diferentes personas y era una tensión constante. Unas veces compraba un poco a transportistas estatales en la autopista nacional; otras, lo conseguía en el mismísimo servicentro o, incluso, en algunas ocasiones se lo llevaron hasta la casa. Pero tanto para él como para Octavio, involucrarse en varias cadenas delictivas al mismo tiempo no es una buena opción.

Todos ellos tienen un argumento común para explicar por qué compran combustible sustraído al Estado: los altos precios en los CUPET. Ese es el razonamiento más extendido entre los transportistas privados, los principales receptadores del carburante que otros roban primero. Pero frente a esa justificación bien vale la pena una pregunta: ¿puede un negocio aspirar a sostenerse con lo ilegal?

Juan Carlos Marante Mariño, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, no solo sabe muy bien la respuesta a esa interrogante, sino también cómo funciona el robo en los CUPET del territorio.

Rostro habitual en las inspecciones, asegura que la manera más sencilla es el mutuo acuerdo entre el pistero y el chofer estatal responsable de una tarjeta prepagada de combustible. Entonces, de la bomba sale la cantidad justificada con el chip de venta, pero no va íntegramente al tanque del vehículo.

Esa es la forma básica, aunque poco a poco aparecen otras más complejas. Por ejemplo, el directivo de CIMEX explica cómo las normas técnicas permiten una pérdida entre un uno y un tres por ciento del combustible durante el proceso de reabastecimiento, en dependencia de si la medición ocurre por vara o de forma automática. Ya han detectado a trabajadores que aprovechan esa brecha, reportan el faltante y se lo apropian.

Otro modus operandi consiste en utilizar los comprobantes de compra emitidos cuando una persona natural adquiere combustible. Entonces, junto al diésel o la gasolina robada, el pistero les vende también el chip a los choferes particulares como una justificación en caso de algún chequeo.

Finalmente, otra manera radica en la emisión de dos comprobantes por una misma extracción. Luego el pistero anula uno por la verdadera cantidad descargada y habilita el otro por la cifra que el chofer reportará a su entidad. Si en las empresas o unidades presupuestadas no existe un control frecuente sobre el combustible esta fórmula se convierte en una de las más exitosas.

“Todos esos mecanismos, así como el de despachar cantidades de combustible por encima de lo permitido, solo se eliminan con exigencia y control, tanto de nuestra parte como de los jefes de turno y administradores. Una de las medidas que hemos tomado es incrementar las inspecciones sorpresivas y chequear si coincide la última operación con lo registrado en la cinta auditora”, explica.

 Esa es solo una de las acciones para cerrar puertas a un desfalco que conocen tanto los directivos como las instituciones de control. De hecho, según datos proporcionados por la ONURE, en 2018 la provincia apenas vendió 1.06 litros de combustible por día a cada porteador no estatal, una cifra infinitamente menor a lo que la lógica y la cantidad de viajes indican como normal.

Esa tendencia se mantuvo hasta abril de este año, cuando poco a poco comenzó a cambiar, impulsada por el aumento del control, pero también por las reducciones en las entregas de combustible al sector estatal. La mezcla de esos factores confluyen para que al cierre de agosto Villa Clara venda 54.80 litros diarios por cada uno de sus 517 transportistas privados.